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El esperpéntico «show» que ha protagonizado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a propósito de los lazos amarillos con la complicidad del resto del Gobierno secesionista acabará la próxima semana en la mesa de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Y es que ayer la fiscal general del Estado, María José Segarra, ordenó a la Fiscalía Superior de Cataluña que, en cuanto tenga conocimiento de todas las actuaciones, interponga una querella contra el presidente del Gobierno catalán por haber ignorado las advertencias de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la retirada de símbolos partidistas de las instituciones públicas durante el periodo electoral, aunque luego trató de enredar poniendo y quitando pancartas, todas partidistas, del balcón del Palacio de la Generalitat.

Según explicaron a ABC fuentes del Ministerio Público, la querella, previsiblemente por un delito de desobediencia, podría presentarse incluso el próximo lunes ante el TSJC, dada la condición de aforado por este tribunal del presidente catalán.

Sobre la inminente querella informó ayer en un comunicado la misma Fiscalía General del Estado, que no especifica el delito por el que se interpondrá, aunque el «incumplimiento consistente y reiterado» –de los acuerdos de la Junta Electoral del 11 y 18 de marzo– que dice que hay en este caso apunta a que la denuncia al menos contemplará el tipo de desobediencia.

Esta tipología delictiva, por otra parte, no conllevaría una condena de cárcel sino, en todo caso, una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El artículo 410 del Código Penal prevé para el delito de desobediencia a resoluciones judiciales por parte de una autoridad pública una «multa de tres a doce meses e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».

Se trata del delito por el que fueron inhabilitados el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega –en una sentencia del TSJC posteriormente rebajada por el Tribunal Supremo– y el exconsejero Francesc Homs. Este fue juzgado en el Alto Tribunal por su condición de diputado en el Congreso cuando se inició aquel proceso judicial por la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014.

El Gobierno, de perfil
La ministra portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Isabel Celaá, se desentendió ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la posibilidad de que el Gobierno recurra a la vía penal contra el «president» Quim Torra por su reiterada desobediencia a la Junta Electoral Central. «El Ejecutivo no va a pronunciarse al respecto», apuntó, y volvió a remitir a las actuaciones del órgano supervisor de las elecciones en España para justificar su falta de iniciativa en este asunto.

Según defendió la portavoz gubernamental, el Ejecutivo ha sido «absolutamente diligente y eficaz» y no ha habido «ninguna pasividad», sino que se han enviado los informes que solicitó la Junta Electoral Central a la Delegación del Gobierno en Cataluña tras el segundo ultimátum que se concedió a Quim Torra a principios de esta semana.

Lejos de censurar la actitud del presidente autonómico, Celaá afirmó que lo que hizo el presidente de la Generalitat ayer retirando las pancartas con lazos y mensajes en favor de los líderes independentistas en prisión fue «obedecer». Eso sí, dijo al líder soberanista que debió hacerlo antes: «Desde el día uno».

Fuentes del Gobierno señalaron que el órdago de Torra fue únicamente «gesticulación» de cara a sus fieles y que estaban convencidos de que el presidente de la Generalitat retiraría todos los símbolos partidistas antes de que los Mossos d’Esquadra se viesen obligados a intervenir, y volver a ponerlos así en el punto de mira de unos y de otros.Original Article


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