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El que fuera mayor de los Mossos d’Esquadra durante el intento golpista del 1-O, Josep Lluís Trapero, hundió ayer al que fuera consejero de Interior, Joaquim Forn, y pudo hacerlo también con el huido Carles Puigdemont si el Tribunal no hubiese entendido que preguntarle sobre las reuniones personales que mantuvo con él por aquellas fechas excedía el motivo de su citación como testigo en este proceso. No en vano, Trapero está a su vez procesado por la Audiencia Nacional para responder por hechos similares, dada su indolencia en la desactivación del referéndum ilegal. Sin embargo, el varapalo que asestó a Forn fue de magnitud. De él dijo que actuó de modo «irresponsable» cuando afirmó públicamente antes del 1-O que los Mossos permitirían la celebración de la consulta, situándoles como cooperadores necesarios de una ilegalidad flagrante. Lo más relevante del testimonio de Trapero fue la continua derivación de culpas hacia los responsables políticos de la Generalitat, y su continua obsesión por echar balones fuera en cuanto a su responsabilidad al frente del cuerpo policial. Trapero trató de ser cauto, y aunque no tenía obligación de responder una sola pregunta por permanecer imputado en el proceso paralelo sobre el 1-O, lo hizo sin problemas. Pero más pareció un ejercicio de autodefensa frente a los abusos cometidos por sus jefes políticos que la mera declaración de un testigo más. Por eso, recordó cómo le generó «incomodidad, censura y rechazo» la deriva política que finalmente permitió poner las urnas, y cómo advirtió en varias ocasiones al Gobierno catalán de que «habría una resistencia activa puntual» en las calles.

Evaluar la credibilidad de Trapero en este sentido resulta complicado porque empleó su testimonio en el Supremo como un mecanismo jurídico de defensa. Por eso sostuvo que los Mossos actuaron con pulcritud y en obediencia de las resoluciones judiciales, mientras el fiscal incidía en que se configuró a conciencia un dispositivo policial absolutamente insuficiente para impedir la consulta. «No hubo ninguna intención de facilitar el referéndum, ni es verdad que supiésemos de antemano que el dispositivo no iba a ser efectivo», afirmó. No obstante, a Trapero le perjudica la versión ofrecida días antes por los mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que recordaron cómo la ayuda que pedían a los Mossos «nunca llegaba», o cómo se negaron a facilitar la salida segura de una secretaria judicial de los registros celebrados el 20-S en la Consejería de Economía. Trapero estuvo hábil y, para no verse perjudicado a sí mismo, marcó una delicada línea separadora entre los acusados -a los que no benefició, ni mucho menos- y la Fiscalía o el resto de acusaciones. Sin embargo, es abundante la prueba documental y pericial que existe para demostrar lo que todo el mundo vio: que los Mossos no hicieron nada para impedir una ilegalidad.Original Article


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